Una veintena de extranjeros jubilados residentes en la Costa del Sol se han aunado en una plataforma para denunciar una estafa hipotecaria que tenía como objetivo captar grandes cantidades de dinero que luego se invertían en paraísos fiscales como Luxemburgo o Islas del Canal. Ahora, los afectados podrían vender sus viviendas. Las víctimas eran jubilados extranjeros establecidos en el litoral español y las islas, desde la Costa del Sol a la Costa Blanca, Baleares y Canarias; mientras que la trama la encabezaban bancos y agentes financieros extranjeros, casi todos de Dinamarca, que durante algunos años han trabajado en España, "muchos de ellos sin autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)", según el letrado de los afectados en Málaga, Antonio Flores.

En concreto, se trata de las denominadas "hipotecas depredadoras", que, durante casi cinco años, ofrecían la posibilidad de hipotecar sus viviendas por encima del valor de tasación e invertir el dinero fuera de España, principalmente en Luxemburgo, para obtener un beneficio que les permitiera cubrir gastos y disponer de un extra financiero. Con ello, "se invitaba al pensionista extranjero a defraudar a Hacienda".

Así, la excusa para vender este ficticio producto era "el supuesto abuso de la Agencia Tributaria española". "Se les mandaban folletos en los que se les informaba de que sus residencias estaban en peligro si no trababan una hipoteca, ya que en caso contrario tendrían que pagar a Hacienda entre el 70 y el 80 por ciento en impuesto de sucesiones", ha indicado el abogado.

Como resultado, se estima que entre los años 2004 y 2009 se cerraron unos 800 contratos, cuyos afectados se distribuyen por todo el país. Ahora, la plataforma de afectados en la Costa del Sol reclama a la Audiencia Nacional que deje sin efecto dichos contratos.

El destino del dinero, según Flores, era la compra de divisas o bonos de otros bancos, operaciones que "poco tiempo después resultaron fallidas" y, ahora, "prácticamente arruinados, han empezado a reclamar los pagos a los clientes que se ven sin ahorros y casi con toda seguridad sin vivienda".

Los préstamos hipotecarios se firmaban en España, con notarios españoles; y los contratos de inversiones, en las oficinas de las que estos agentes financieros disponían en el país e incluso en las casas de los clientes, aunque se fechaban en Luxemburgo. Casi la totalidad de oficinas y agentes financieros implicados han abandonado el país.

Por su parte, los abogados que defienden en Marbella a parte de estos afectados sostienen que "lo más preocupante" de esta estafa es "la apología del fraude fiscal que defendía desde el primer momento: estos bancos habían editado guías específicas en las que se informaba a los jubilados extranjeros cómo podían gestionar mejor su riqueza en España".